BLANQUEO DE CAPITALES

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El pasado cuatro de septiembre de 2018 se publicó en el BOE la modificación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar obligaciones adicionales derivadas de las normas comunitarias aplicables.

Se trata de reforzar las garantías para que los sujetos obligados extremen sus precauciones y efectúen comunicaciones administrativas más extensas, que permitan una más eficaz lucha contra el movimiento de capitales de ilícita procedencia, o con destino a fines delictivos.

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Por ello resulta imprescindible para toda organización pública o privada, comprobar si está sometida a alguna de las obligaciones previstas en la ley, y actuar en consecuencia.

Resulta aconsejable realizar en la empresa un test sobre la posible obligatoriedad del cumplimiento de la Ley 10/2010 PBC y FT, y en su caso proceder a implantar, con la ayuda de consultores especializados, las medidas y procedimientos preventivos adecuados, con formación a todo el personal, y con la emisión de los adecuados informes que puedan ser evaluados e incluso auditados por terceros.

Entendemos como blanqueo de capitales y prevención de terrorismo, entre otras, las siguientes actividades: la conversión o transferencia de bienes, o su ocultamiento, procedentes de una actividad delictiva con el propósito de encubrir el origen ilícito de los mismos, ayudando a las personas implicadas para que eludan su responsabilidad, o también la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas de su origen ilícito

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Resulta por tanto evidente que las organizaciones deben de estar preparadas ante estos comportamientos indeseables, que además son perseguidos en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por ello si, por tu actividad económica, tu organización pertenece a los principales sujetos obligados (aseguradoras, empresas de inversión, promotores inmobiliarios, asesores fiscales, notarios, abogados, joyeros, loteros, anticuarios, …), la ley establece concretas obligaciones cuya infracción trae aparejadas graves y cuantiosas sanciones.

Resulta por tanto necesario, y muy conveniente, adaptar nuestra organización a la exigente normativa comunitaria en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.