La actualización de las rentas de alquiler

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El pago de la renta es elemento esencial en la relación arrendaticia, y preservar el valor del rendimiento pactado es del máximo interés para el propietario del inmueble.

En la actualidad, además de lo que se haya podido pactar entre las partes, conviven tres sistemas de actualización de la renta, atendiendo a la fecha de la celebración del contrato.

A partir del uno de junio de 2015, y de acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos.

En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato.

La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística.

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente.

Como novedad cabe señalar que el IGC es el dato corregido del IPC armonizado de la eurozona, está limitado entre el 0% y el 2% para asegurar la competitividad de la economía a medio plazo, y aplica un factor corrector que es un porcentaje relativo a la pérdida de competitividad de la economía española acumulada desde 1999.

Por todo ello podemos afirmar que en el actual régimen de actualización de rentas destacan las siguientes peculiaridades:

  • Rige la voluntad de las partes en la fijación de las condiciones de la actualización
  • La actualización se produce en la fecha en que se cumple cada año de vigencia del contrato
  • La exigibilidad de la renta actualizada se produce en el mes siguiente al que se notifique, siendo aconsejable que exista fehaciencia en la comunicación
  • No se pueden reclamar las diferencias si no se ha actualizado la renta en plazo
  • El arrendatario puede mostrar su oposición al contenido de la actualización practicada

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