Los administradores judiciales en la mercantil concursada

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La administración judicial está configurada como un órgano (unipersonal o colegiado) auxiliar del juez del concurso, y por tanto sirve de apoyo a la autoridad judicial con carácter subalterno y bajo la discrecional supervisión del juez, al que asesoran sin carácter vinculante de sus opiniones. Es designada en el mismo auto de declaración del concurso.

Declarado el concurso de la empresa, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003 Concursal, la sección segunda del mismo se resolverá todo lo relativo a la administración concursal (nombramiento, facultades, remuneración, rendición de cuentas e incluso responsabilidad).

Son condiciones que deben concurrir en el administrador concursal el ser abogado, economista, titulado mercantil o auditor, con cinco años de experiencia profesional y especialización demostrada en el ámbito concursal. Se podrá designar, si la complejidad del concurso de acreedores así lo requiriese, auxiliares en los que delegar determinadas funciones, e incluso expertos independientes para la valoración de activos o para la determinación de la viabilidad de las acciones legales que se pretenda emprender.

Se establece legalmente la forma y plazo de aceptación del cargo, así como las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser nombrado administrado concursal.

El administrador concursal es un profesional que actúa en nombre propio, sin que su actividad sea imputable a una administración, pero que desempeña una actividad de auxilio al juez que constituye ejercicio ocasional de una función pública. Se exige del mismo que desempeñe su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de los acreedores del concursado.

Atendida la doble posibilidad de que el concurso pueda ser voluntario o necesario, las funciones de la administración concursal varían sustancialmente, ya que en esta última se viene a sustituir al órgano de administración de la concursada. En todo caso, podemos distinguir funciones: de carácter procesal, de administración societaria, en materia laboral, de defensa de los derechos de los acreedores, de informe y evaluación, de realización de valor y de liquidación de bienes, funciones de secretaría, y otras funciones residuales.

Los administradores percibirán como retribución en concepto de honorarios profesionales un importe que viene determinado reglamentariamente por un arancel en atención a las diversas circunstancias particulares de cada concurso de acreedores.

Son causas que producen el cese en el cargo: la renuncia, la recusación, la separación, y la conclusión del convenio. En las tres primeras, se deberá sustituir al cesado, se devolverá la credencial por el profesional, y se rendirá cuentas de su actuación ante el juez que lo designó.

Hay que tener en cuenta que, sin perjuicio del rendimiento judicial de cuentas, los administradores concursales pueden incurrir en responsabilidad penal, civil y tributaria, por su gestión al frente del concurso.

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