COMPLIANCE PENAL

Evita la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Asesórate y actúa, la prevención es la mejor opción.

Desde la reforma de nuestro Código Penal por la LO 5/2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por sus representantes legales y administradores, pero también, por quienes estando sometidos a su autoridad hayan podido realizar los hechos delictivos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

No obstante lo anterior, se puede paliar o incluso mitigar la mencionada responsabilidad penal, cuando por la persona jurídica (empresa u organización) se hayan adoptado o ejecutado, con anterioridad a la comisión del delito, medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza, o al menos para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. También es conveniente haber encomendado la supervisión de las medidas a un órgano interno con cierta autonomía, aunque los autores hayan eludido las medidas de control establecidas, y siempre que no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de control.

El actual marco normativo establece la posibilidad de que una persona jurídica se le pueda imputar una efectiva responsabilidad penal (en más de 35 figuras delictivas).

Lógicamente, existirán en el seno de la organización las personas físicas autores materiales de los hechos (directivos y administradores, empleados, …) a los que se les podrán imponer las correspondientes penas (medidas cautelares con intervención judicial de la empresa, deterioro reputacional, multas millonarias, disolución y cierre de la empresa, clausura de locales, …), conjuntamente con la sanción de la empresa.

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Es por todo ello que, la implementación del adecuado sistema de Compliance Penal te podrá ayudar a reducir la responsabilidad penal o incluso a obtener una posible exoneración de la misma, a detectar las conductas negligentes en el seno de la organización, a reducir costes en el desarrollo de la actividad empresarial, disminuir el impacto de las medidas cautelares que se puedan imponer por la autoridad judicial o incluso a aumentar la confianza de terceros en nuestra empresa por la tranquilidad de implementar medidas de control del cumplimiento normativo.

También aquí, como en numerosos ámbitos de la vida empresarial, la mejor defensa es una adecuada prevención y un control sistemático de los riesgos, en un entorno de mejora continua de nuestras capacidades. Y siempre contando con el mejor apoyo y asesoramiento profesional.